Excesos y omisión: los dos pecados capitales 21-ene-07

http://www.lostiempos.com/noticias/21-01-07/21_01_07_loc1.php

La Prefectura de Cochabamba quemada, dos muertos (uno por lado), 200 heridos, saqueos en mercados, calles sitiadas, grupos de choque armados con palos, piedras y hasta revólveres, 1.200 pasajeros atrapados, mercados desabastecidos, cierre de válvulas de agua, discursos que azuzaban a la “revolución” y a la toma de medios de comunicación fueron los excesos que desembocaron en una batalla civil en pleno corazón de la ciudad, ante la mirada contemplativa de gran parte de la Policía.

Así fue cómo se impuso el descontrol por nueve días en Cochabamba, alentada por una pulseta política de sectores cercanos al MAS y el prefecto Manfred Reyes Villa, identificado como opositor al gobierno de Evo Morales, al promover un referéndum sobre autonomías y desconocer la consulta realizada el 2 de julio de 2006, en la cual ganó el “no” a un régimen autonómico.

La retirada de la Policía terminó de delinear un escenario propicio para la confrontación entre ciudadanos. Los discursos encendidos y las posturas radicales agudizaron el conflicto.

Quedaron en tela de juicio arengas como las del ejecutivo de la COD, Víctor Mitma, en principio, y las del senador y dirigente de los regantes, Omar Fernández, al final. De la boca de ambos salieron instrucciones de tomar Prefectura y medios.

Desde el balcón de la COD, Fernández pregonaba: “Los propietarios de los medios quieren hacer ver otra realidad”. La arremetida contra los periodistas sólo cesó después de las muertes, aunque también un canal, Unitel, pagó la factura, cuando un grupo de manifestantes atacó sus instalaciones.

Muchos estaban conscientes de la ilegalidad de las acciones. El martes, en el cabildo, mientras los consejeros reaccionaban buscando “una salida legal” a la salida del Prefecto, muchos sectores radicales, entre ellos los trotskistas universitarios, invadieron la sede de la COD exigiendo la censura de Reyes Villa. Para uno de los dirigentes universitarios, “la salida no debe ser legal sino revolucionaria, además, hay que conformar las brigadas antifascistas para defender al Gobierno así como la derecha se está armando”, dijo esa tarde.

La idea de la confrontación estaba presente también en Fernández: “El Prefecto ha armado un grupo de choque para provocar una masacre en Cochabamba para echarle la culpa al Gobierno. Las organizaciones no nos iremos hasta sacar a Reyes Villa, que está incubando al fascismo”, dijo un día después de que ocurrieron las dos muertes.

La quema de la Prefectura, el lunes 8 de enero, fortaleció la tendencia de debilitar la Prefectura. “Tenemos la razón para demostrar que este Prefecto es corrupto y que a través de la Prefectura busca proteger sus intereses personales”, dijo el ejecutivo de la Federación de Campesinos, Daniel Claros.

Los grupos que acompañaron la pulseta por la Prefectura confluyeron de la mano de numerosos rótulos: Federación de Productores de Coca, Federación de Regantes, Federación de Trabajadores Campesinos, COD, Federación de Maestros Urbanos, la Federación Universitaria Local, Distrito Municipal 8, Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía y Trabajadoras del Plane.

La Policía quedó paralizada

El conflicto por la Prefectura removió también las fibras de la Policía, que se enfrentó a una crisis de autoridad ante la destitución de su comandante, Wilge Obleas Espinoza, en tiempo récord y a tres horas de haber sido posesionado. La orden la dio la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz.

La abrupta decisión socavó las filas policiales que, en el desarrollo de la confrontación, se destacaron por actuaciones tímidas, improvisación y omisiones. Así quedó reflejado el 11 de enero cuando las barreras policiales que separaban a los sectores sociales y grupos cívicos fueron rebasadas.

Una de las causas probables es que en el área crítica se hallaban mujeres policías sin los equipos necesarios, sólo con el uniforme.

Después de que las líneas fueron superadas por una estampida de manifestantes, los uniformados se convirtieron en testigos de la masacre. Sólo cuando la confrontación se tornó cuerpo a cuerpo, intervinieron grupos antidisturbios, que eran filmados por agentes de Inteligencia llegados de La Paz para espiar la pelea.

La pugna por hegemonía genera violencia en calles

La acumulación de frustraciones políticas que nacen en una Asamblea Constituyente trabada, la articulación de la nueva oposición política y la pugna por la hegemonía dibujaron el escenario de la confrontación en Cochabamba, pero no justifican la dimensión del enfrentamiento, desde la perspectiva de la analista, María Teresa Zegada.

La búsqueda de explicaciones no resulta fácil. Cualquier argumento se desmorona a la hora de comprender cómo la región, considerada más abierta y en la que conviven diversas identidades, se convirtió en un campo de guerra.

A pocos días de la tragedia, la única certeza es que: “Hay heridas profundas y difíciles de superar en la sociedad. Creo que para resolver las tensiones, aunque tal vez es mucho pedir, la gente tendrá que retraer esta agresión para continuar”, evalúa la analista en el epílogo de una entrevista que buscaba dar respuesta a la pregunta sobre qué pasó para llegar al enfrentamiento civil.

En la búsqueda de explicaciones, Zegada reflexiona sobre la coyuntura política que acompañó la protesta: “Hay avances en las políticas económicas y sociales, pero se puede percibir que no hay una oposición hegemónica, sino un proceso de la disputa del poder. En ese marco, los sectores de oposición a las políticas gubernamentales no están en los partidos, sino en los movimientos cívicos y prefecturas”.

Añade que la situación se volvió más tensa con las huelgas de hambre por los dos tercios en la Asamblea Constituyente, que debía ser el espacio para resolver los conflictos pero al no avanzar y más bien estar trabada las diferencias salen a las calles, vuelve la presión.

“Sin embrago, yo creo que un mal cálculo político del Prefecto quizás por garantizar espacios de poder ante una fragilidad futura apostó por el sector de oposición más fortalecido en el oriente al apoyar su discurso. Pero este hecho político no justifica la dimensión de los acontecimientos” según la analista.

Según Zegada, estos acontecimientos desgastan al Gobierno de Evo Morales que pregonaba la búsqueda de una revolución democrática.

LA PREFECTURA TAMBIÉN ARMÓ GRUPOS DE CHOQUE

Otro polvorín: desconocer un referéndum anterior

Una campaña frontal a favor de las autonomías, la conformación de un grupo de choque con personal de la Prefectura, el distanciamiento con el Consejo Departamental y el apoyo (lapsus o no) a la independencia de Santa Cruz ayudaron a madurar el conflicto entre los sectores próximos al MAS y sus opositores.

El desconocimiento al resultado del primer referéndum sobre autonomías fue interpretado por varios sectores sociales como una provocación para los sectores sociales vinculados al gobierno a través de organizaciones sociales y dio pie a la movilización de más de 10 mil manifestantes entre cocaleros, campesinos, trabajadores, universitarios y regantes.

Por más que los grupos sociales expresaban en la calle su rechazo a un segundo referéndum sobre autonomías por siete días consecutivos, el gobierno departamental se mantenía firme en su proyecto de llamar a la consulta popular y no fue hasta que la pugna derivó en la pérdida de dos vidas que el prefecto, Manfred Reyes Villa, declinó en su plan de llamar a una nueva consulta.

La creación de un grupo de choque con personal de la Prefectura que se incrustó en la marcha de los grupos cívicos aumentó la tensión de los sectores sociales contra el gobierno regional, al que estigmatizaron como “fascista” y “promotor de la división”.

La declaración de un paro cívico en mitad del conflicto facilitó que los mercados sean el blanco de saqueos y que el transporte sea amedrentado por grupos de ciudadanos que tomaron el control de los puentes.

La expansión de la vigilia de la plaza 14 de Septiembre a otros espacios como las plazas: Colón y de Las Banderas sacó a flote el malestar ciudadano frente al conflicto, lo cual, derivó en expresiones de racismo contra los manifestantes campesinos. Así, los vecinos que antes estaban al margen de la confrontación acompañaron el enfrentamiento con los sectores sociales.

LAS PROTESTAS PIERDEN EL RUMBO

Las marchas pacíficas que acabaron en confrontación

Las marchas que comenzaron con el rótulo de “pacíficas” quedaron desvirtuadas con la muerte de dos personas el jueves 11 de enero: el cocalero Juan Ticacolque Machaca (34) y el estudiante Christian Urresti Ferrel (17), ambos muertos durante el enfrentamiento entre los sectores sociales y los grupos cívicos.

El desborde de las manifestaciones tuvo como protagonista en el lado de los cívicos a un grupo de choque armado (algunos incluso con armas de fuego), que rebasó las tres barreras policiales instaladas en el camino a la plaza de Las Banderas.

El grupo con ánimos de enfrentamiento encabezó la caminata y fue seguido por una caravana de gente que salió el 11 de enero con posiciones divididas.

Por un lado, algunos grupos alentaban la toma de la plaza 14 de Septiembre, sitiada desde hace una semana por sectores sociales. En otro lado, estaban quienes pregonaban una marcha pacífica, pero al final fueron arrastrados a la confrontación.

Los sectores sociales, que dos días antes tomaron la plaza para evitar que los cívicos se reúnan, respondieron a la agresión con piedras y finalmente se organizaron en grupos para contrarrestar a los cívicos. El resultado de la jornada: dos muertos y 200 heridos.

DETIENEN A CUBANO ARMADO

Militarizan la región para frenar batalla ciudadana

Una vez que la confrontación social por la Prefectura de Cochabamba estalló en el corazón de la ciudad, las calles fueron tomadas por policías militares, que restablecieron parcialmente el orden en la ciudad.

Sin embargo, estos efectivos se replegaron a las pocas horas y volvieron a salir al día siguiente para apostarse en las zonas donde tuvieron lugar las peleas.

Aunque reforzaron el control policial, los militares carecían de equipos antidisturbios para dispersar a los centenares de manifestantes que se apostaron cerca de la red de televisión Unitel el jueves de la semana pasada, con la intención de quemar sus instalaciones que el día anterior ya habían sido apedreadas.

La Policía Militar también retomó el control de los puentes que conectan al centro con el norte de la ciudad, donde se localiza la mayoría de los barrios residenciales. El orden y la seguridad tuvieron un refuerzo relativo.

También aprehendieron a un ciudadano cubano armado que participaba en la protesta cerca de Unitel, según informaron agentes de Inteligencia del Ejército que participaron en la detención.

Sin embargo, el detenido nunca llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

MANFRED DELEGA MANDATO

Prefectura a la deriva se aleja de la autonomía

Más de una semana de enfrentamiento acabó por enterrar la propuesta sobre autonomías impulsada por el prefecto, Manfred Reyes Villa, quien declinó en su plan luego de las dos muertes en los enfrentamientos entre civiles.

Sin embargo, el retiro de la propuesta no consiguió calmar la molestia de los sectores sociales cercanos al MAS, que intensificaron su pedido de renuncia del Prefecto.

Pese a ello, la propuesta se vio ante una encrucijada debido a que los grupos radicales de la movilización insistían en sacar al Prefecto por la fuerza y los sectores moderados se inclinaron por buscar una salida enmarcada en la legalidad.

La división entre radicales y moderados desembocó en la conformación de una gobierno departamental popular, que fue desconocido a las pocas horas por todas las organizaciones sociales.

Al final, la balanza se inclinó por el ala de la legalidad plasmada en una propuesta para realizar un referéndum de revocatoria o de ratificación de mandato, que se aplicará para alcaldes, prefectos y presidentes, según la propuesta inicial del Gobierno.

Y si cayó la propuesta del referéndum autonómico, madura otra propuesta de referéndum: esta vez para la revocatoria de autoridades electas, entre ellas prefectos.

ACABAN el PERITAJE de BALÍSTICA

Testigos amenazados por contar un crimen

Los principales testigos de la muerte del joven Christian Urresti Ferrel rompieron el silencio una semana después del asesinato del estudiante, para aliviar la impotencia por no haber podido impedir que una turba linchara a la víctima. Sin embargo, el cooperar con la investigación les valió ser víctimas de amenazas.

Una de las testigos relató a los medios que la tarde del jueves 11 de enero Christian se refugió en su casa junto a otros siete heridos, aquejado por una lesión en la cabeza que le provocaba una intensa hemorragia, que amenazaba con desvanecerlo.

Por la gravedad de sus lesiones los heridos, entre ellos un médico, decidieron llevarlo a una clínica cercana, pero fueron sorprendidos por tres sujetos equipados con una filmadora (presuntamente agentes de Inteligencia) que condicionaron el traslado al hospital bajo su vigilancia.

En el camino, el herido y sus acompañantes fueron interceptados por un grupo de campesinos, según se cree de la delegación de Tiraque, que detuvo al joven para golpearlo para finalmente estrangularlo.

En contrapartida, la investigación de la muerte del cocalero Iván Tica Colque avanza. Los informes de balística y de guantelete confirmaron que fue Alex Rosales (38), detenido, el autor de los disparos.