Gobierno recurrió a un decreto inconstitucional para expulsar a cubano anticastrista

El Deber y Los Tiempos
27-Dic-2006

El Gobierno recurrió al Decreto Supremo 24423 de 29 de noviembre de 1996, promulgado durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, para emitir una resolución ministerial que instruye la expulsión del ginecólogo cubano anticastrista Amauris Samartino Flores. Este decreto, según la explicación del defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, en 2001 fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

El Ministerio de Gobierno emitió el pasado 19 de septiembre, una resolución en la que dispone la anulación de la visa de residencia indefinida en el país del médico, concedida en abril de 2001, así como su deportación según establece el referido decreto supremo.

A Samartino se lo acusa de vulnerar el indicado decreto, que establece que serán expulsados del país los extranjeros que: Intervengan de cualquier forma en política interna o inciten por cualquier medio a la alteración del orden social, político o de las organizaciones sindicales.

El cubano se habría inmiscuido en acciones autonomistas del Comité pro Santa Cruz. "Eso es intromisión y en septiembre se le indicó que tenía 72 horas para irse del país", resaltó el vocero presidencial, Álex Contreras, quien mostró anoche en un medio de comunicación fotografías de la protesta pidiendo autonomía en las puertas del hotel Tajibos, donde aparece Samartino.

Albarracín dijo que en 2001 la Defensoría del Pueblo planteó un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 20 inc. h, 46 inc. b y 48 inc. J del DS 24423, que fue declarado procedente por el Tribunal Constitucional. "Ante ello, la norma queda sin efecto legal, pues el fallo establece que no se puede restringir derechos fundamentales", dijo.

Detención indebida

Al cubano lo detuvieron en Santa Cruz agentes del Ministerio de Gobierno el sábado pasado y lo trasladaron a La Paz. Parlamentarios de la oposición, dirigentes cívicos cruceños, Defensor del Pueblo y juristas, criticaron el procedimiento que el Gobierno siguió para detener al cubano, vulnerando las garantías constitucionales vigentes.

El abogado de Samartino, Rodolfo Téllez, interpuso ayer un recurso de hábeas corpus por detención indebida. La audiencia era para las 16:30 de ayer, pero el juez la postergó para hoy a las 9:00. "Técnicamente, no hay una acusación válida para mantenerlo detenido, y por eso su arresto es político", apuntó Téllez.

Del caso se ocupan varias entidades y personalidades que coinciden en señalar sobre la" ilegalidad" de la detención y piden al Gobierno revertir la medida.

Los diputados podemistas Antonio Franco y Óscar Urenda, y el senador Óscar Ortiz calificaron el accionar gubernamental de dictatorial.

La diputada de Podemos, Kathia Romero, dijo a Los Tiempos que más allá de la injerencia o no del cubano en la política interna del país, el Gobierno está obligado a respetar las garantías constitucionales y los convenios internacionales, lo que no hace en este caso, al disponer la detención de Samartino sin presencia de autoridad competente ni existir orden de detención ni pedido de extradición, mantenerlo detenido más de 72 horas y pretender expulsarlo a su país de origen conociendo que es un perseguido político.

Fernando Cuéllar, presidente del Colegio de Abogados, señaló que la detención viola el artículo 7 de la Carta Magna, donde se garantiza la libre opinión, consagrada también en el Pacto de San José de Costa Rica y en otras de derecho interamericano, ciudadanos y civiles que están rigiendo el mundo y de las cuales Bolivia es signatario.

Sin embargo, el constitucionalista José Antonio de Chazal dijo que el Estado tiene potestad para actuar según la ley, si comprueba que un refugiado político o un residente permanente no se acoge a la normativa competente.

Samartino se encuentra hospitalizado en la clínica policial de La Paz por una hipertensión arterial que fue controlada, según un reporte médico. El Gobierno espera que se recupere y también el resultado del hábeas corpus que presentó para expulsarlo.

Sus compatriotas, como Reina Esquerra, dijeron que están preocupados por la situación, pero que no callarán sobre las violaciones que se cometen en Cuba. "Somos cubanos y debemos decir la verdad de lo que pasa allí, eso no nos callará nadie. Lo que no podemos hablar es de Bolivia ni de su gobierno".

Llegó en 2000 con once compatriotas

Amauris Samartino llegó a Bolivia el 24 de octubre de 2000 junto a 11 compatriotas huyendo del régimen cubano de Fidel Castro. Un reporte de El Deber de diciembre de 2001 señala que el grupo lo conformaban, además de Samartino, José Antonio Laguardia, Reina Esquerra, Jorge Salgado, Wilfredo Álvarez, Oneris Lázaro García, Carlos de los Santos Fresneda, Luis Valdez, Ernesto Velásquez, Plácido Hernández y el menor Rey del Franco.

Todos salieron de la isla en 1998 en una balsa buscando las playas de Florida (EEUU), pero fueron interceptados por un guardacostas estadounidense que los trasladó hasta Bahamas, donde estuvieron más de dos años. De ahí los llevaron a la base naval de Guantánamo, hasta que consiguieron que un tercer país, o sea Bolivia, los acepte como residentes permanentes.

La asistencia para el traslado la hizo la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ya en el país, recibieron apoyo de la Oficina de Asistencia Social de la Iglesia.

Un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Bolivia de ese entonces permitió la llegada de los caribeños, que recibieron 1.425 dólares cada uno para iniciar su nueva vida, un apoyo que, según indicaban en esa época, no fue el acordado con los estadounidenses en Guantánamo.